República Dominicana se defendió de las denuncias sobre violaciones de derechos humanos y negó deportaciones masivas de haitianos.
El embajador dominicano ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Josué Fiallo, también negó que en el país se realicen deportaciones masivas de migrantes embarazadas, como se denunció en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Explicó que «cuando existen casos puntuales, los protocolos de la Dirección General de Migración (DGM) impiden las deportaciones de las embarazadas en labores de parto».
Aseguró que la deportación solo ocurre cuando es médicamente seguro para la madre y el bebé.
Indicó que «la situación del deterioro de la gobernanza y de violencia en Haití motiva a sus ciudadanos a buscar servicios básicos en otros países. Esta incapacidad del Estado haitiano para suplir las necesidades de su ciudadanía es una corresponsabilidad de la comunidad internacional”.
“Ese fracaso de la comunidad internacional en Haití ha dejado a la República Dominicana expuesta, por sí sola, a cubrir la ausencia de ciertos servicios públicos en el país vecino. En ese contexto, el Gobierno se ha visto obligado a reforzar medidas para dar cumplimiento a las leyes migratorias del país y, a la vez, controlar la demanda excesiva de servicios de salud en la red hospitalaria pública”, declaró.
Detalló que los partos, naturales o por vía cesárea, de haitianas pasaron del 12.5 % en el 2018 al 30.5 % en 2021. «Esto es una muestra de la situación política, social y económica en Haití, que no puede brindar esos servicios de salud», expresó.
Aclaró que en República Dominicana no se ejecutan arrestos indiscriminados ni deportaciones masivas de los migrantes y que el Gobierno está comprometido a asegurar los derechos de los migrantes en el Estado dominicano.
