El Juzgado de la Instrucción de Montecristi aplazó para el 3 de marzo la audiencia de solicitud de medidas de coerción contra los militares y civiles implicados en la denominada Operación Frontera.
El aplazamiento fue solicitado por los abogados de la defensa, quienes además demandaron que el Ministerio Público les entregue las pruebas contra sus clientes sobre el supuesto tráfico de migrantes haitianos.
Al salir de la sala de audiencias, varios de los encartados alegaron que la denuncia de la Fiscalía de que forman parte de una supuesta red dedicada al tráfico de indocumentados no es más que una persecución en su contra, por lo que demandaron que la propia procuradora general realice la investigación.
Asimismo, familiares de los detenidos y representantes de una organización de derechos humanos se apostaron fuera del Palacio de Justicia de Montecristi para apoyar a los presuntos implicados.
Aunque algunos de los manifestantes reconocieron que en el pasado sus parientes se dedicaron al tráfico de indocumentados, aseguran que lo dejaron atrás y que el arresto de solo 16 personas busca ocultar a los verdaderos traficantes.
Para los abogados de la defensa, el Ministro Publicó presentó una solicitud de medidas de coerción de más de 500 página, pero sin pruebas.
El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva contra los imputados y que el caso sea declarado complejo.
