Los abogados del empresario Maxy Montilla Sierra denunciaron que desde el Estado dominicano se busca ahogarlo económicamente a él y a sus empresas con el propósito de despojarlas de la representación exclusiva que tienen con un proveedor internacional de tecnología y otorgársela a empresas vinculadas a un funcionario de la actual administración.
Mediante un espacio pagado, Edward Veras Vargas, Lilia Fernández León y Joaquín Zapata Martínez, en su condición de abogados de “Transformadores Solomon Dominicana, S.A.S.”, “Electrocables Aluconsa, S.A.S.” y el propio Montilla Sierra, afirman que entre las acciones que se hacen para lograr ese propósito están la cancelación unilateral de contratos e inmovilizaciones bancarias irregulares. Además el despojamiento de representaciones exclusivas y limitación del derecho a usufructo de activos, oposiciones e inmovilizaciones a terceros y allegados, persecución por parte del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), auditorías violentando los protocolos y las mejores prácticas y reticencia a entrega de informaciones, lo que dicen ha provocado el incumplimiento involuntario con el fisco por tener las cuentas bancarias congeladas.
“Conocemos el propósito ulterior: despojar a Montilla Sierra de una representación exclusiva para otorgársela a una empresa vinculada directamente a un funcionario de la actual administración, algo que sabemos no cuenta con la anuencia del presidente de la República”, dice el comunicado, tras afirmar que la nueva administración de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (Edes) han contactado directamente al proveedor de tecnología con que esas empresas tienen representación exclusiva. Alegan que sin que exista un proceso formalmente abierto contra su cliente, las Edes mantienen facturas vencidas por más de 300 días por mercancía entregada y recibida, y han presionado la entrega de nueva mercancía sin garantía de pago.
Dicen que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) les hace gestiones para cobrarles Itbis y otros impuestos con recargos, moras e intereses indemnizatorios, pese a que tienen los fondos de las empresas inmovilizados, lo que les impide cumplir con sus diversos compromisos.
Informan que desde que Montilla Sierra se enteró de que existía una denuncia en su contra se presentó junto a sus abogados requiriendo información al respecto y poniéndose a la disposición, sin embargo, no ha recibido esas informaciones ni ha sido requerido para ofrecer explicaciones. Trabajos periodísticos han señalado alegadas irregularidades en contratos obtenidos por las empresas de Maxy Montilla en el sector eléctrico, por lo que estaría siendo objeto de una investigación por parte de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), aunque esa instancia nunca se ha referido directamente al empresario.
