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Más escándalos de Corrupción; Empresario Juan Ramón Gómez Díaz se reusó a hablar sobre contrato otorgado a él sin concurso ni licitación en el gobierno del expresidente Leonel Fernández

Santo Domingo.- El empresario Juan Ramón Gómez Díaz informó que no emitiría ningún comentario con relación a una denuncia que fue difundida en algunos medios de comunicación donde se señalaba que había sido beneficiado con la obra de 389,036 millones de dólares que autorizó el entonces presidente de la República Leonel Fernández de grado a grado a dos compañías de ingenieros para la rehabilitación de la Carretera Internacional en el tramo de Pedernales a Hondo Valle.

Esta información fue ofrecida por uno de los asistentes del empresario de la Comunicación Gómez Díaz, quien pidió que no se diera a conocer su nombre, pero esa fue la disposición que acordó.

Asimismo, la autorización presidencial estaba sustentada en un poder especial marcado con el número 107-11 donde el Ejecutivo instruyó a quien fue el director de la Oficina Supervisores de Obras del Estado, ingeniero Luis Sifres, durante la gestión gubernamental de Fernández Reyna, para que este firmara el contrato en representación del Estado con el Consorcio Carretera Internacional, representado por Andrés & Camila Materiales y Construcciones, compañía por acciones que era representada por el ingeniero Lorenzo Antonio Cruz Suriel, y por la Constructora Andrade Gutiérrez con los ingeniero Rodrígo Vargas, Eduardo Antonio da Silva Roque.

Cabe resaltar que en el poder otorgado al director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), emitido el 17 de febrero de 2011, no se hizo mención del empresario Gómez Díaz en ninguna parte del texto.

Sin embargo, en el poder se explicaba que la empresa Constructora Andrade Gutiérrez era la entidad responsable de ejecutar los diseños, construcción, ampliación y rehabilitación de la Carretera Internacional entre los poblados de Pedernales y Hondo Valle.

En ese mismo orden, en la misma disposición las partes acordaron que los trabajos de construcción se llevarían a cabo en un período de 30 meses, según el poder marcado con el número 107-11.

Además, resultó notorio que la encargada de licitación de obras de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, la doctora Yudith Peña, en el gobierno del expresidente Leonel Fernández, expresara que no tenía conocimiento que esa institución estaba regulando la obra a pesar de que envuelvía un monto superior a los RD$14,627 millones, 757,589.7, de acuerdo a como estaba tasa de cambio del Banco Central en la mañana de ese día.

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