El gobierno dominicano rechazó enérgicamente que el país sirva como puente para el tráfico de armas ilegales hacia Haití, como denunciaron senadores estadounidenses.
En una carta a los legisladores demócratas Edward J. Markey, Elizabeth Warren, Bernard Sanders, Raphael Warnock, John Hickenlooper y Chris Van Hollen, la embajadora dominicana en Washington, Sonia Guzmán, aclaró que para la República Dominicana «la lucha contra el tráfico de armas es un compromiso de Estado, en virtud de que este flagelo contribuye a generar condiciones de violencia e inestabilidad que socavan la paz, el desarrollo económico y la convivencia armoniosa de cualquier nación».
Los legisladores involucraron a la República Dominicana en el tráfico de armas en una comunicación al presidente Joe Biden, en la que indagan sobre la posición de los Estados Unidos en la búsqueda de soluciones a la crisis política, social y humanitaria en la República de Haití.
Guzmán explicó que «durante la administración del presidente Luis Abinader, mediante decretos, leyes y regulaciones, el Gobierno dominicano ha fortalecido sus instituciones y propiciado la creación de capacidades para el combate al tráfico ilícito de todo tipo».
En la carta de protesta a los seis senadores estadounidenses, el gobierno dominicano reitera su adhesión a la lucha contra el tráfico ilegal de armas, pero también aboga con firmeza por el despliegue en Haití de la fuerza pacificadora aprobada por la Organización de las Naciones Unidas mediante la Resolución 2699.
Reafirma, además, la conocida posición dominicana «de un apoyo mayor a los esfuerzos de carácter humanitario que realiza la comunidad internacional para lograr una solución duradera a la crisis haitiana».
«Es injusto sindicar al gobierno dominicano como responsable de tráfico de armas hacia Haití, por el ejercicio de su compromiso social, económico y de solidaridad humanitaria con el vecino país», expresa.
Agrega que «nuestro gobierno trabaja con ahínco para controlar la adquisición de armas ilegales mediante el establecimiento de controles sumamente estrictos, como la puesta en funcionamiento del moderno escáner de rayos X RAPISCAN modelo Eagle P60-S, de fabricación estadounidense, que ha facilitado la detección de miles de unidades de municiones y armas de fuego».
«Desde la instalación de dicho escáner en el puerto de Haina en febrero 2022, nuestro país ha asestado duros golpes al contrabando de armas ilegales. República Dominicana pasó de confiscar 241,991 artefactos militares en 2018 a 401,117 en 2022, siendo esta la cifra más alta de los últimos cinco años», indica.
