Un fuerte contingente policial y militar permanece hoy a las afueras de la residencia del expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, tras una solicitud de extradición enviada a la cancillería de la nación centroamericana por la justicia estadounidense.
La información, divulgada por el Ministerio de Relaciones Exteriores mediante su cuenta en la red social Twitter, aludía a la remisión de un comunicado oficial de la embajada del país norteño a la Corte Suprema, mediante la cual solicitaba el arresto provisional del político.
Si bien existieron varias especulaciones sobre el paradero del exmandatario, quien entregó el poder el 27 de enero último a Xiomara Castro, el abogado Hermes Ramírez confirmó su presencia en la casa ubicada en la colonia San Ignacio de la capital Tegucigalpa.
El 7 de febrero último, el jefe de la diplomacia norteamericana, Antony Blinken, aseguró que Hernández permanece desde el primero de julio de 2021 en el listado de personas señaladas por corrupción o responsables de socavar la democracia en El Salvador, Guatemala y Honduras.
En un comunicado, aseguró que «según múltiples informes creíbles de los medios, el político cometió o facilitó actos de corrupción y narcotráfico, y utilizó las ganancias ilícitas para campañas políticas», además de dejar a Honduras con una inmensa deuda externa.
El representante del Partido Nacional y máxima figura del país durante los últimos ocho años, también es uno de los implicados, según fiscales de Nueva York, en casos vinculados al tráfico de drogas por colaborar con el traspaso de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos.
El juez de la Corte del Distrito Sur de esa ciudad, Kevin Castel, le imputó cadena perpetua a su hermano, el exdiputado Antonio Hernández, en marzo de 2021, debido a la gravedad de los cargos, a la responsabilidad criminal del acusado y a su vínculo con el delincuente mexicano Joaquín el Chapo Guzmán.
