Argentina condena a ocho represores de la dictadura por crímenes contra más de 800 víctimas
El exoficial de la Armada argentina Carlos Mario Castellví escuchó impasible a través de internet su condena a cadena perpetua por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura (1976-1983).
El Tribunal Oral Federal 5 condenó también a la pena máxima al expolicía Raúl Armando Cabral y a Miguel Conde en el fallo del cuarto juicio de la megacausa Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) en perjuicio de 816 víctimas por delitos como secuestros, torturas, homicidios y robo de niños.
Otros cuatro imputados recibieron penas de quince años de prisión por ser considerados partícipes secundarios de los crímenes: los cabos de la Armada Carlos Néstor Carrillo, José Ángel Iturri, Jorge Luis María Ocaranza y Ramón Roque Zanabria.
Por último, el oficial del batallón de infantería de Marina Claudio Vallejos fue condenado a seis años.
Los condenados pertenecieron al Grupo de Tareas 3.3.2. creado por el entonces almirante Emilio Massera para desarticular organizaciones guerrilleras, políticas y sociales a través del secuestro y desaparición de militantes.
Su base operativa estaba en la ESMA, convertida por el régimen militar en un centro clandestino de detención por el que pasaron cerca de 5.000 personas.Castellví integró el área de Inteligencia del Grupo de Tareas 3.3.2 entre 1979 y 1980.
Conde actuaba como enlace en la ESMA a partir de sus tareas como personal civil de inteligencia del Ejército y Cabral también actuaba como enlace como agente de la policía federal argentina. Éste último había sido beneficiado con arresto domiciliario, pero el pasado junio volvió a la cárcel después de que su exesposa y garante lo denunciase por violencia de género.
Hasta ahora, ninguno de ellos había sido condenado por estos crímenes. Al comunicar el fallo de este juicio iniciado en 2018, el tribunal conformado por Adriana Palliotti, Daniel Horacio Obligado y Gabriela López Iñíguez recordó que los delitos de lesa humanidad no prescriben y pueden ser juzgados sin importar el tiempo transcurrido.
Aún así, entre querellantes y familiares de las víctimas preocupan las demoras registradas en algunas causas debido a la avanzada edad de muchos de los acusados.
“Cada juicio reafirma los compromisos fundantes de la democracia en contra de la impunidad y el valor que tienen los derechos humanos en la Argentina. Sin embargo, los futuros procesos deben avanzar más rápido.
En esta causa, dos imputados murieron sin veredicto: Aníbal Roberto Colquhoun y Néstor Eduardo Tauro”, recordó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en un comunicado a mitad del juicio. Un tercer imputado al inicio de la causa, Horacio Luis Ferrari, quedó apartado del debate.
Entre los delitos por los que fueron condenados figuran los secuestros y desapariciones del grupo de la villa del Bajo Flores, en la ciudad de Buenos Aires, entre quienes estaba Mónica Mignone, hija de Emilio y Chela, fundadores del CELS.
Más de mil condenados
Argentina se ha convertido en ejemplo mundial por el juicio a los represores de la última dictadura.
Desde que se reanudaron los juicios en 2006, se han dictado 250 sentencias en las que han sido condenadas 1.013 personas, según el último informe de la Procuradoría de crímenes de lesa humanidad.
La pandemia también se sintió en el avance de estas causas: en 2020 hubo trece sentencias, casi la mitad que un año atrás y la cifra más baja desde 2009.
La cuarentena obligatoria decretada por el gobierno de Alberto Fernández paralizó los juicios durante tres meses y después se retomaron paulatinamente de forma virtual.
Como ocurrió en la lectura del veredicto este jueves, jueces, imputados, letrados, víctimas y familiares no concurren a los tribunales federales de Comodoro Py, en Buenos Aires, sino que se conectan a través de sus pantallas para participar en las audiencias.
La megacausa ESMA es la más grande de todas aquellas en las que se han juzgado este tipo de delitos, lo que obligó a dividirla en varios juicios.
El primero, en 2007, tenía a un imputado que se suicidó antes de escuchar la condena. El segundo concluyó en 2011 con 16 condenados y el tercero en 2017, cuando hubo duras condenas por primera vez por los vuelos de la muerte.
