SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader suspendió este viernes a 36 funcionarios, si disfrute de salario, por no presentar a tiempo su declaración jurada de bienes y de patrimonio, informó Milagros Ortiz Bosch, directora de Ética e Integridad Gubernamental y asesora presidencial sobre corrupción.
Son ellos:
Fernando José Viyella y Miguel Ángel Lajara, de Autoridad Portuaria Dominicana;
Arismendy Almonte, Francisco Fernández Onofre, Héctor González y Cándido Cruz Pichardo, del Banco Agrícola;
Teófilo Gómez, Comisión Aeroportuaria; Teófilo Sosa, de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial.
Francisco Vásquez y Erodis Fernelis Díaz, del Consejo de Coordinación de la Zona Especial para el Desarrollo Fronterizo;
José Sánchez Martínez, del Consejo Nacional de Fronteras;
Heriberto Grullón, Hugo Taveras y José Luis Polanco, de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Moca.
Benjamín Reynoso, Francisco Javier Santoni, de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo;
Juan Alberto Durán y Otto Manuel Gómez, de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata.
Silvestre Ventura, subdirector de Migración;
José del Carmen Oviedo, Dirección de Ordenamiento y Desarrollo;
Leónidas Ceballos y Máximo Gómez Peña, de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana.
Carlos Espinal, subdirector del Teatro Nacional de Santo Domingo;
Marcia Rodríguez Gómez, del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre;
Angel Darío Ramírez, Antonio Trinidad, Denny Olivero, Félix Beltré, Francisco Jiménez Sena, Francisco Jiménez Reyes, Juan Familia, Máximo Florián y Menni Cuevas, del Instituto para el Desarrollo del Suroeste.
El Mandatario había suspendido a 15 servidores públicos a través de los decretos 525-20 y 534-20, emitidos el 30 de septiembre y el 2 de octubre respectivamente.
Para la nueva disposición, el mandatario dictó el decreto 674-20, en cuya motivación se resalta el “alto interés de la presente administración en mantener el más estricto apego de sus funcionarios a los principios de ética, transparencia, juridicidad y buena administración”.
Desde que asumió el cargo, Abinader advirtió de que suspendería a los funcionarios que no presentasen sus declaraciones juradas de bienes, algo que es obligatorio por ley.
El pasado septiembre, la Procuraduría General informó de que abriría investigaciones preliminares a los funcionarios y exfuncionarios que no hayan realizado la declaración jurada de patrimonio ante la Cámara de Cuentas, que falseen datos o que exhiban un patrimonio injustificado.
