El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo en el expediente contra 21 personas apresadas la madrugada del miércoles y ligadas a la Operación Falcón contra el narcotráfico y lavado de activos.
La Oficina de Servicio Judiciales de Atención Permanente fijó para las 9:30 de la mañana la audiencia para el conocimiento de medida de coerción.
La Operación Falcón salpicó a figuras políticas y funcionarios del gobierno, entre ellos el actual titular de la Dirección General de Comunidad Digna y exdiputado Juan Maldonado y el diputado Héctor Féliz.
También fueron arrestados Rafael de Jesús, Marisol López, Elva Teresa Polanco, Víctor Paulino, Francisco Linares, Adolfo Torres, Julio César Jiménez, José Alejandro de la Cruz, la comunicadora Dianabel Gómez, Juan José de la Cruz (el Michero o El Don), María Olimpia Tavares (la Princesa), Lenin Bladimir Torres y Delfina Asunción Polanco.
El expediente contra los apresados en esta operación fue depositado anoche, mientras las autoridades continuaron con allanamientos que esta vez incluyeron una empresa de bananos en la comunidad Batey Libertad, de la provincia Valverde y varios apartamentos de lujo en Santiago.
La tarde del jueves los agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Ministerio Público y la Administración de Control de Drogas (DEA) realizaron otros tres allanamientos simultáneos y apresaron a dos personas en la sucursal del Banco Santa Cruz, ubicada en la avenida 27 de Febrero, en el reparto Oquet, de esta ciudad.
Los detenidos en el banco, cuyos nombres no fueron revelados de inmediato, estarían vinculados a la supuesta red desmantelada mediante la Operación Falcón.
Hasta el momento han sido arrestadas 26 personas que, según las autoridades, pertenecían a una red que ya para 2012 traficaba al menos 2,500 kilos de cocaína a la semana y «lavó» 10,000 millones de pesos.
La Procuraduría asegura que existen evidencias de que la red, que tenía su base de operación en Santiago, incrementó sus operaciones a partir de 2017.
Entre República Dominicana y Puerto Rico a la banda le fueron decomisados unos 8,500 kilos de cocaína, lo que podría evidencia el clima de impunidad en el que desempeñaban sus operaciones.
