LA HABANA, 20 Ago.- Amnistía Internacional afirmó este viernes que el gobierno de Cuba maniene una «cultura de miedo» y ha aumentado la represión en la isla tras las protestas de mediados de julio.
La entidad, que lucha por el respeto a los derechos humanos en el mundo, ha incluído en su lista de presos de conciencia en Cuba los nombres de Luis Moreno Alcántara o José Daniel Ferrer, entre otros activistas, que -a su juicio- son referentes de dicha «cultura».
La directora para las Américas de Amnistía, Erika Guevara Rosas, ha asegurado en un comunicado que las autoridades cubanas elevaron su nivel represivo frente a las recientes manifestaciones, «en una escala que no habíamos visto en casi 20 años y con nuevas tácticas que incluyen censura e interrupciones de Internet para controlar y encubrir las graves violaciones de derechos humanos que han cometido».
La entidad ha entrevistado a más de 30 personas entre el 15 de julio y el 19 de agosto para conocer de primera mano la situación de la isla, lo que le ha permitido constatar situaciones de vigilancia y arresto domiciliario, violaciones del debido proceso y detenciones sin comunicación, malos tratos por parte de las autoridades y un bloqueo de Internet, entre otros abusos.
«El cuadro de violaciones de Derechos Humanos que hemos documentado en las últimas semanas apunta a una política de represión reforzada para recuperar el control y restablecer una cultura del miedo que se tambaleó el 11 de julio», ha añadido la responsable de la ONG, que ha querido tener un «gesto simbólico» con la oposición.
«CIENTOS» DE PRESOS POLÍTICOS
Así, Amnistía ha incluido en su listado de presos políticos seis casos más, entre ellos el de Otero Alcántara, artista e impulsor del Movimiento San Isidro que ya ha sido considerado en otras tres ocasiones preso de conciencia. Fue detenido el 11 de julio bajo cargos que «no están claros» según la ONG.
Otro nombre es el de José Daniel Ferrer, responsable de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y retenido también desde que se disponía a sumarse a las protestas. Su paradero se desconoce –Amnistía considera que es víctima de «desaparición forzada»–, aunque un tribunal de La Habana ha dictaminado que debe cumplir cuatro años de cárcel por una presunta agresión en 2020, según el portal ’14ymedio’.
