REPÚBLICA DOMINICANA.- Este viernes 30 a partir de las 10 de la mañana se conocerá la solicitud de un año de prisión preventiva como medida de coerción contra los involucrados en el caso Coral, para dar oportunidad a las defensas de estudiar el expediente, quienes alegaron desconocer su contenido.
Félix Portes, defensor del coronel Rafael Núñez de Aza, explicó que el tribunal también ordeno al Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria que le permita a los abogados reunirse con sus clientes para presentarles las pruebas y socializar la estrategia de defensa.
“El Ministerio Público deberá demostrar en audiencia cada una de estas acusaciones en contra de mi defendido”, dijo Cristian Jiménez, defensa técnica del general Adams Cáceres Silvestre.
De su lado el Ministerio Publicó aseguró que tiene pruebas contundentes contra los cincos señalados de cometer actos de corrupción y no descartan que hayan más involucrados.
“Se ha aplazado a solicitud de la defensa que ha reconocido que la cantidad de pruebas con las que cuenta el Ministerio Público es abrumadora y fulminante que permitirá al tribunal la medida de coerción que hemos solicitado”, detalló Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho.
El mayor general Adams Cáceres Silvestre, ex jefe de seguridad del ex mandatario Danilo Medina, está acusado de encabezar una red delictiva, que supuestamente falsificó sellos de distintas instituciones públicas, como la Contraloría General de la República, para tapar las operaciones ilícitas con la que distraer los fondos del Estado, de acuerdo al Ministerio Público.
Adams Cáceres administró RD$3,000 millones de pesos injustificado durante los la gestión del expresidente Danilo Medina Sánchez, y quien además nombró militares en el Cuerpo especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP) y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), con salarios abultados a cambio de hasta el 80% de ese sueldo, según reza la acusación.
De acuerdo al expediente la pastora Rossy Guzmán Sánchez, Tanner Antonio Flete Guzmán, Rafael Núñez de Aza y Raúl Alejandro Girón Jiménez actuaban como testaferro para desviar las acciones ilícitas.
Sobre los cinco pesan acusaciones de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y tenencia ilegal de armas de fuego.
Con este caso y los anteriores la procuradora adjunta Yeni Berenice busca cumplir su compromiso de ir con todo y por todos.
