Exfuncionarios y dirigentes del PLD están en el ojo de la Justicia por su acrecentada declaración jurada de bienes; Son investigados presunta malversación, robo y saqueo al Estado
SANTO DOMINGO.- Un grupo de exfuncionarios y dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), se encuentran en el ojo de la Procuraduría General de la República (PGR), donde son investigados sobre sus actuaciones en el tren gubernamental o por sus abultadas declaraciones juradas de bienes.
Se trata de los exministros de Educación Carlos Amarante Baret, y de Hacienda, Donald Guerrero; los exdirectores de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), Diandino Peña; de Compras y Contrataciones Públicas, Yokasta Guzmán; del Plan Social, Iris Guaba, y Francisco Pagán, de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe).
Además, a estos se suman el exadministrador del Banco de Reservas, Simón Lizardo; el diputado Radhamés Camacho; la expresidenta de la Cámara de Diputados, Lucía Medina, y el asistente del expresidente Danilo Medina, Robert de la Cruz.
Otros que forman parte de la lista son los peledeístas Juan Temístocles Montás, Radhamés Segura y Julio César Valentín, quienes fueron beneficiados con el archivo definitivo del caso Odebrecht, sobre el pago de sobornos.
Se recuerda que Amarante Baret fue interrogado por la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), con relación a su desempeño en el Ministerio de Educación (2013-2016), y se espera que, en los próximos días, sea requerido nueva vez.
Las pesquisas a Guerrero giran en torno al patrimonio declarado que supera los RD$1,000 millones, y que mueven a sospecha a las autoridades ante un posible enriquecimiento ilícito y lavado de activos. También, se extendieron a pagos irregulares a diversos contratistas.
El Ministerio Público actuó en el caso contra Guerrero luego de una denuncia pública del titular de la Dirección General de Presupuesto, José Rijo Presbot, “quien alertó sobre pagos irregulares a contratistas ocurridos en la última etapa de las gestiones de Danilo Medina (2012-2020), de alrededor de RD$21,000 millones, pero las indagatorias se extienden a otros hechos”. Por esta denuncia, las autoridades han requerido a Lizardo.
Sobre Peña, las indagatorias son por alegada corrupción administrativa y la presunta sustracción de más de RD$9,200 millones durante su gestión al frente de la Opret, a través de múltiples compañías.
A Yokasta Guzmán se le atribuyen presuntas irregularidades en procesos de compras en el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), en la gestión de Berlinesa Franco.
Iris Guaba, exdirectora del Plan Social, ha sido citada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) en relación a procesos de compras irregulares.
Se trata de los exministros de Educación Carlos Amarante Baret, y de Hacienda, Donald Guerrero; los exdirectores de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), Diandino Peña; de Compras y Contrataciones Públicas, Yokasta Guzmán; del Plan Social, Iris Guaba, y Francisco Pagán, de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe).
A ellos se suman el exadministrador del Banco de Reservas, Simón Lizardo; el diputado Radhamés Camacho; la expresidenta de la Cámara de Diputados, Lucía Medina, y el asistente del expresidente Danilo Medina, Robert de la Cruz.
También, están los peledeístas Juan Temístocles Montás, Radhamés Segura y Julio César Valentín, quienes fueron beneficiados con el archivo definitivo del caso Odebrecht, sobre el pago de sobornos.
Amarante Baret fue interrogado por la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), con relación a su desempeño en el Ministerio de Educación (2013-2016), y se espera que, en los próximos días, sea requerido nueva vez.
Las pesquisas a Guerrero giran en torno al patrimonio declarado que supera los RD$1,000 millones, y que mueven a sospecha a las autoridades ante un posible enriquecimiento ilícito y lavado de activos. También, se extendieron a pagos irregulares a diversos contratistas.
El Ministerio Público actuó en el caso contra Guerrero luego de una denuncia pública del titular de la Dirección General de Presupuesto, José Rijo Presbot, “quien alertó sobre pagos irregulares a contratistas ocurridos en la última etapa de las gestiones de Danilo Medina (2012-2020), de alrededor de RD$21,000 millones, pero las indagatorias se extienden a otros hechos”. Por esta denuncia, las autoridades han requerido a Lizardo.
Sobre Peña, las indagatorias son por alegada corrupción administrativa y la presunta sustracción de más de RD$9,200 millones durante su gestión al frente de la Opret, a través de múltiples compañías.
A Yokasta Guzmán se le atribuyen presuntas irregularidades en procesos de compras en el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), en la gestión de Berlinesa Franco.
Iris Guaba, exdirectora del Plan Social, ha sido citada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) en relación a procesos de compras irregulares.
Otros interrogados por la Pepca
Pagán habría extralimitado sus poderes para beneficiar con contratos millonarios a empresas de Alexis Medina Sánchez (hermano del expresidente Danilo Medina). En el expediente, se atribuye estafar al Estado dominicano, aprovechando el tráfico de influencias y la colaboración de funcionarios públicos.
Respecto a la también hermana del expresidente Medina y expresidenta de la Cámara de Diputados, Lucía Medina, ha sido llamada por la Pepca para que explique el uso dado a recursos recibidos en su Fundación de Mujeres para el Desarrollo de San Juan (Fumudesju).
En el caso del diputado Camacho y de la Cruz, antiguo asistente del exmandatario Medina, las autoridades los requirieron por sus elevadas declaraciones de bienes.
