Nueva York.- Agencias de Seguridad Nacional, entre las que se encuentran el FBI, investigadores del IRS, agencias policiales, entre otros, es más que seguro que tienen en su poder los reportes de Bank Of America, institución que se vio en la obligación de cerrar la cuenta abierta por el Consulado Dominicano de Nueva York para el uso de la Junta Central Electoral (JCE), por múltiples retiros de dinero en efectivo, que dispararon la bandera roja o alarma de la institución financiera.
Asimismo, bajo el requisito separado de informe, los bancos y otras instituciones financieras están en la obligación de reportar compras en efectivo de cheques de caja, cheques de tesorero, retiros en efectivos, giros bancarios, cheques de viajero y giros postales con un valor nominal de más de $10,000 al presentar informes de transacciones en moneda.
En ese orden, el banco debe llenar el formulario 8300-SP del IRS, mediante el cual presenta un informe de pagos en efectivo que exceden los US$10, 000 recibido o pagado.
Además, la investigación podría ser mucho más amplia y estar alcanzando a las personas o instituciones que recibieron dinero en efectivo por una cantidad superior a los diez mil dólares, los que también estarían en problemas si no presentaron la forma 8300-SP del IRS. Si recibieron el dinero y no lo declararon pagando los impuestos, pudieron entrar en la comisión de un delito federal tipificado como fraude contra el Departamento del Tesoro Norteamericano.
Cabe destacar que recientemente, la licenciada Gianilda Licelot Díaz Fernández, Asistente Administradora de la OPREE de Nueva York, admitió en una entrevista concedida a medios locales y de República Dominicana, que esa dependencia de la JCE manejó más de 800 mil dólares en efectivo de una cuenta abierta a nombre del Consulado, para el uso de la JCE, que según la misma fuente oficial, usaron funcionarios electorales en las pasadas elecciones del 5 de julio, cuya cuenta fue cerrada por Bank Of America por un supuesto manejo dudoso de dinero en efectivo.
Arriba, de izquieerda a derecha: Julio César Castaños Guzmán ex presidente de la JCE, el ex director del voto en el exterior Gilberto Cruz Herasme y abajo, el ex cónsul Carlos Castillo, la actual encargada administrativa en NY Gianilda Díaz Fernández y Rafael González, ex director de la entidad. (Fuente externa)
La semana pasada el excónsul dominicano en NY, Carlos Castillo, la encargada Administrativa de la JCE en Nueva York, Gianilda Licelot Díaz Fernández, y el exdirector de las oficinas de la JCE en NY, Rafael González, tanto el diplomático denunciante y los dos funcionarios más altos de la JCE en EE. UU., confirmaron que los retiros bancarios indiscriminados se hicieron por órdenes del director del Voto Dominicano en el Exterior, Gilberto Cruz Herasme.
Cuando esto sucede, las instituciones bancarias, las autoridades federales y locales, abren una investigación que produce un reporte en el que aparecen probablemente las personas involucradas. Los sospechosos deberán fundamentar su defensa sobre la base de mostrar los respaldos, como, por ejemplo, copias de los formularios 8300-SP del IRS y otros comprobantes que puedan identificar el rastro del dinero.
Si los valores que refuerzan su inocencia con relación a la posible felonía de malversación de fondos son inexistentes, entonces estaríamos asistiendo a un evento mediante el cual se van a levantar cargos criminales ante las fiscalías de Nueva York, Nueva Jersey o los estados donde se cometieron los posibles hechos, que podrían ser tipificados de malversación de fondos, que es una felonía, acompañada de un posible fraude al fisco norteamericano, por los impuestos que se pudieron haberse omitido de forma intencional al recibir esos pagos o hacerlos.
La situación está tan tensa que el lunes la propia Junta Central Electoral (JCE) confirmó que el Bank Of America cerró la cuenta oficial de las Oficinas para el Registro de Electores en el Exterior (OPREE) y la Coordinación de Logística Electoral del Exterior (OCLEE), ambas dependencias pertenecientes a la JCE, porque, supuestamente, haber excedido el límite de retiro de 10 mil dólares establecido por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
El actual presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez Liranzo, informó el lunes a un periódico dominicano, que esta misma semana la JCE dará a conocer los resultados de una investigación realizada por la comisión del voto en el exterior, que él mismo está manejando con relación al escándalo.
La JCE puede investigar lo que quiera o no, incluso podrá tener su propia versión de los hechos, y es importante que lo haga; pero es demasiado probable que las cosas ya hallan trascendido demasiado lejos. En este país, los que investigan son las Agencias de Seguridad Nacional, los que determinarán si hubo dolo o no en las denunciadas operaciones bancarias.
Las personas que son encontradas culpables de la felonía de malversación de fondos en el estado de Nueva York contempla una pena de 5 a 10 años de prisión, dependiendo de los cargos criminales que se levanten a cada uno de los acusados. En Nueva Jersey, si es de tercer grado serían 5 años, si es de segundo grado, serían de 5 a 10 años y si es de primer grado, serían de 10 a 20 años de prisión y 250 mil dólares de multa a cada persona que sea declarada culpable de la felonía de malversación de fondos y peor si estos cargos se complementan con otros como el de fraude al Tesoro Nacional de los Estados Unidos, por no declarar pagos y cobres superiores a los diez mil dólares.
