GUATEMALA, 23 nov 2020 (IPS) – En una manifestación mayoritariamente pacífica, el edificio del Congreso de Guatemala ardió el sábado 21, como reflejo del descontento por un presupuesto para 2021 que la Alianza gubernamental aprobó de noche y sin debate. Es el símbolo de un país en el que cada esquina es inflamable y los grupos de poder parecen no dejar de jugar con chispas.
La policía arremetió de forma arbitraria contra cientos de manifestantes a los que lanzó gases, y apresó a decenas con brutalidad evidente. Un día antes, el vicepresidente Guillermo Castillo había pedido en público al presidente Alejandro Giammattei , que ambos renunciaran en conjunto a la comandancia de un Gobierno que, sugirió, se les va de las manos.
Y, en un acto inédito, la Corte Suprema de Justicia entregó a sus aliados oficialistas del legislativo Congreso a dos magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), último reducto de independencia junto a la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y la Fiscalía Especial contra la Corrupción (Feci), que quedan sujetos a la voluntad de los diputados.
Tras 10 meses de gobierno, la crisis, la ingobernabilidad, el estallido social y a la cabeza del caos, un presidente con índices de popularidad paupérrimos (pasó de 56 a 30 puntos en el ranking Mitofsky) que no se abre al diálogo ni con su propio vicepresidente.
La gota que rebalsó el vaso de la indignación social fue que el Congreso aprobara el presupuesto para 2021 y el presidente Giammattei saliera a defenderlo.
Pero eso solo es la punta del iceberg.
Lo que se cuestiona en el fondo es todo lo que puede hacer una aplanadora de diputados de diferentes bancadas, agrupados por intereses económicos, políticos y de impunidad, al amparo del presidente del gobierno, en un movimiento tectónico que comenzó durante el precedente gobierno de Jimmy Morales (enero 2016-enero 2020).
Un presupuesto con distribución cuestionable
El Ejecutivo ha guardado silencio y, en cambio, respalda a la alianza en todas sus decisiones, incluso cuando decidieron que no obedecerían a la Corte de Constitucionalidad (CC) que les pidió apurar la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las Cortes de Apelaciones.
Su gran aliado en esta decisión es la CSJ actual, que extendió su mandato por 13 meses a instancias de los diputados, a los cuales ha protegido de solicitudes para investigarlos. Lo último fue por su negativa a elegir magistrados de CSJ y Cortes de Apelaciones de todo el país.
Con la inmunidad asegurada, la Alianza de partidos políticos reunió 115 votos el miércoles 18 de noviembre y, sin esperar a que todos los diputados leyeran el proyecto de ley, aprobaron 99,700 millones de quetzales para 2021.
El monto más elevado de la historia, si se exceptúa la ampliación extraordinaria que se hizo al presupuesto de 2020 para atender la pandemia.
Este presupuesto solo podrá financiarse con más deuda e incrementa el rubro a entidades cuestionadas, como el Parlamento Centroamericano, mientras lo resta a la oficina del Procurador de los Derechos Humanos, al Organismo Judicial, a la Universidad de San Carlos, a los pacientes oncológicos, a los niños recién nacidos y a las madres lactantes, y le dedica escaso interés a la lucha contra la desnutrición.
Además, el fondo delega al Ministerio de Comunicaciones y al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) que construyan obra. Sobre ambas entidades recaen sólidos indicios de corrupción actual, como la concesión de contratos millonarios a los amigos de funcionarios y financistas o en procesos anómalos.
El Mides, por ejemplo, pretendía pagar 14,6 millones de quetzales (1,75 millones de dólares) para comprar galletas para estudiantes que no han asistido a clases, a través de un proceso apurado, sin transparencia.
A pesar de estas referencias, Giammattei mantiene su respaldo a la Alianza del Congreso. No atendió el pedido generalizado de vetar el presupuesto que incluso su propio vicepresidente Castillo le trasladó en público, y ahora pretende salir de la crisis con una convocatoria al diálogo que no es pública y de la que solo hay datos reservados.
Giammattei también se aferra a mantener el Centro de Gobierno, una institución innecesaria y costosa, como ha dicho su vicepresidente y varios grupos de fiscalización nacional.
Le aumentaron al Mides 159 millones de quetzales (al cambio con el dólares de 0,13 por unidad) para infraestructura de saneamiento y 91 millones de quetzales para infraestructura rural, que no son de su competencia».
En medio de los cuestionamientos y la postura presidencial, las revelaciones del vicepresidente Guillermo Castillo, que potenció la crisis al afirmar que él y el presidente Giammattei deberían renunciar a sus cargos «por el bien del país»; ocho amparos en cola para que la CC intervenga para que no entre en vigor el presupuesto, una manifestación ciudadana llena de indignación que se desarrolla con disturbios localizados, y un incendio en el Congreso.
Y, de nuevo, la CSJ le da más poder al Congreso. En un acto inédito, tramitó una solicitud para un antejuicio contra la presidenta de la CC, Gloria Porras, y al magistrado Francisco de Mata Vela. Los dos titulares de la máxima corte fueron acusados por una abogada de violar la Constitución, entre otros delitos, para evitar ser sometidos a juicio.
Desde mediados de año surgió un conflicto porque la CC le ordenó al Congreso elegir magistrados, estos desobedecieron y todo terminó en denuncias contra los diputados y los magistrados. Ambos grupos de funcionarios tienen inmunidad legal, por lo que la CSJ decide si se abre el trámite para evaluar el retiro de esa protección.
La CSJ no dio trámite a las causas contra los parlamentarios, pero integrada en proceso irregular con suplentes, autorizó al Congreso abrir las pesquisas contra cuatro integrantes de la CC.
Uno de los magistrados falleció, otro se retiró de la Corte por enfermedad y solo quedan Porras y De Mata Vela activos. Ambos pueden verse llamados a decidir en conjunto con otros magistrados sobre el presupuesto que aprobó el Congreso.
El presupuesto, la chispa que avivó la crisis
La madrugada del martes al miércoles 18, la alianza de partidos reunió 115 de 160 votos para pasar de urgencia nacional la ley de presupuesto. El documento final se le había entregado unas horas antes a todos los diputados, sin margen para que pudieran analizarlo y con modificaciones sobre lo que habían discutido, lo que hizo que el pequeño grupo que constituye la oposición más firme comenzara a denunciar el arreglo.
El miércoles 18, dos periódicos de gran influencia titularon sus portadas con notas alarmantes sobre el acuerdo.
El Periódico destacó que habían eliminado del presupuesto todo rastro del combate contra la desnutrición, un empeño que, aunque mínimo en financiamiento, concita el respaldo de amplios sectores de la población en un país en el que casi uno de cada dos menores de cinco años la padece de forma crónica.
Prensa Libre, el diario conservador más leído, encabezó con un titular con tintes de editorial: «Rotundo repudio a contubernio. Clientelismo, opacidad, privilegios, secretismo, riesgo fiscal, desfinanciamiento, ajeno al desarrollo. Los 7 pecados del presupuesto».
Al notar que tanto entre sectores de poder, incluido el Cacif que representa al sector empresarial, así como en las redes sociales crecía el rechazo, el presidente Giammattei salió el jueves 19 para aclarar que los diputados sí habían asignado 200 millones de quetzales para combatir la desnutrición.
El mensaje fue breve y no mencionó que los diputados de su bancada apoyaron aumentar la asignación al Parlamento Centroamericano (Parlacen) hasta 13 millones de quetzales. Una institución inoperante que Giammattei había ofreció reformar o cerrar.
El efecto fue el contrario al que deseaba y se vio obligado a salir de nuevo, el viernes 20, en cadena nacional. Rodeado de casi todos los integrantes del gabinete de ministros, dijo que no vetaría el presupuesto.
Su argumento: que, si no se aprobaba quedaría vigente el de 2020, mayor aún, debido a las ampliaciones presupuestarias que le hicieron a causa de la emergencia por el coronavirus. El monto final de ese presupuesto asciende a 107 760,7 millones de quetzales, es decir 8060,70 millones de quetzales más que el aprobado para 2021.
El presupuesto aprobado motiva el rechazo de sectores que suelen estar en desacuerdo. Los motivos del rechazo en algunos casos son distintos. Para unos, el problema es el monto y la descompensación fiscal que puede aparejar. Para otros, la distribución.
Enrique Maldonado, especialista en presupuesto de la organización no gubernamental Diálogos, encuentra varios problemas de fondo: no solo que se financie con deuda, sino que se desentienda de los problemas de baja recaudación y de la crisis económica de desempleo y cierre de negocios que deja el coronavirus.
Según Maldonado, el mayor defecto de este presupuesto es cómo se asignaron los recursos. Aquí algunos datos. «A las transferencias monetarias, para las que el Ejecutivo pidió 868 millones, le dejaron 368. Le aumentaron al Mides 159 millones para infraestructura de saneamiento y 91 millones de quetzales para infraestructura rural, que no son de su competencia».
Maldonado dice que la única forma de solucionar estos problemas es vetar el presupuesto y que el Congreso trabaje en un proyecto que se socialice y se ajuste a las necesidades del país. El Congreso tiene hasta el 30 de noviembre para hacer los cambios, o queda vigente el del año anterior, que es más elevado.
La alianza oficialista apura el paso en las vísperas de la toma de posesión de Biden, de quien esperan una actitud menos complaciente.
«El presidente tiene que ser una persona sensata, no soberbia, que escuche por el bienestar del país», recalcó Maldonado en una entrevista realizada el viernes 20.
Horas después, en la mañana del sábado 21, Giammattei hizo circular un comunicado a través de sus redes sociales: «Me estoy reuniendo con sectores y grupos de sociedad para analizar las modificaciones que en los próximos días se presenten (sic)».
En otro párrafo del comunicado añadió que esos grupos de sociedad abarcaban al sector académico, empresarial, religioso, tanques de pensamiento, entre otros. Y que de estas reuniones «podría» salir una iniciativa de ley que reforme el presupuesto 2021.
Aunque se pidió el listado de invitados o de personas con las que el gobernante ha tenido reuniones, no hubo respuesta. La secretaria de Comunicación Social de la Presidencia, Francis Masek, no atendió las consultas telefónicas ni los pedidos de los periodistas en el chat de prensa.
El viernes 20, en la cadena nacional, Giammattei dijo que hablaría con Asies, Fundesa, Cien y Atal, tres instituciones orgánicas del sector privado tradicional, y un centro de pensamiento conservador.
María del Carmen Aceña, integrante del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), confirmó que recibieron la invitación y que preparan su propuesta. La cita será un día de la última semana de noviembre.
El Cacif, que reúne a parte del sector patronal del país, no confirmó al cierre de esta nota que fueran convocados, pero antes de la manifestación del sábado volvió a publicar un comunicado en el que suavizó el discurso, dejó de hablar de veto para referir la importancia del diálogo.
El Congreso no se ha pronunciado de forma unificada, pero sí lo hicieron diputados a título individual: algunos, con rechazo; otros, que avalaron el presupuesto, con arrepentimiento, y algunos más, justificando la decisión. Lo último que se supo es que la Junta Directiva y los jefes de bloques sostuvieron una reunión el viernes por la noche en un restaurante.
La convocatoria coincidió con la cadena nacional, el retiro de la inmunidad en contra de los magistrados de la CC Gloria Porras y Francisco de Mata Vela y el inicio de un movimiento de alcaldes que esa misma noche pidieron la renuncia del vicepresidente, bajo el señalamiento de ser el promotor de un «rompimiento constitucional».
Algunas misivas se filtraron en las redes sociales, todas iban dirigidas al presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) y tenían el mismo objetivo. Presionar hasta la renuncia al vicepresidente Castillo y respaldar al presidente Giammattei y al presupuesto.
Miguel Ovalle, presidente de la entidad, no atendió las llamadas telefónicas. El apoyo de los alcaldes no es gratuito, porque el presupuesto aprobado por el Congreso les concede más de tres mil millones de quetzales para la ejecución de obra a través de los Consejos de Desarrollo, un monto superior a cualquier año previo.
¿Por qué revive la plaza?
Aunque Giammattei ha querido destacar su trabajo ante la crisis por el coronavirus y la atención a los damnificados por dos tormentas tropicales, ha sido cuestionado por la corrupción de su gobierno, la baja ejecución de los fondos para la emergencia y la desconfianza por su respuesta a las más de 350 000 personas afectadas por la destrucción de las dos tormentas tropicales de este noviembre.
Guatemala vuelve a quedar en una situación compleja ante un gobierno de reciente ingreso que, en lugar de despegarse de la herencia de sus antecesores, se fusionó al sistema que heredó.
Del gobierno pasado surge el «pacto de corruptos», un título con el que se bautizó a la alianza de partidos en el Congreso que no distinguió de banderas políticas ni orientación ideológica, si es que alguno la tenía.
Un grupo que logró ser una aplanadora de conveniencia y que operó al amparo del Ejecutivo con el propósito de no renovar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y desmantelar el trabajo contra la impunidad y las instituciones y personas que lo posibilitaron.
Pese a que Giammattei intentó poner tierra de por medio con Jimmy Morales, dedicándole críticas acerbas pero menores desde el primer día de su mandato, él y el partido oficial repitieron la fórmula: pactar con integrantes de 12 agrupaciones, incluido FCN-Nación del expresidente Morales.
Así fue como la vieja guardia legislativa se apoderó de la Junta Directiva y colocó a Allan Rodríguez, un novato oficialista, como presidente del Congreso.
El pasado octubre renovaron los votos cuando volvieron a negociar y aseguraron la Junta Directiva. Martínez obtuvo de nuevo la presidencia, solo que esta vez, en lugar de los votos de Todos, el partido dirigido por un relegado Felipe Alejos, a quien Estados Unidos vetó por su relación con la corrupción, recibió un número mayor de la escindida Unidad Nacional de la Esperanza.
En medio de esas dos elecciones, lo más cuestionado: No elegir a los nuevos magistrados de la CSJ y la Corte de Apelaciones.
El Congreso tenía una fecha límite para hacerlo y nuevas reglas para restar de la lista de candidatos, electores, y diputados (incluida la primera vicepresidenta del Congreso, Sofía Hernández) señalados de vínculos con Gustavo Alejos, un empresario procesado por varios casos de corrupción gubernamental.
El Congreso desobedeció. La alianza cuestionó la resolución de la CC y un abogado denunció lo que los diputados recriminaban en el pleno.
El caso llegó a la CSJ, la de los que han extendido su mandato porque no pueden abandonar el cargo hasta que lleguen sus sustitutos, y de ahí surgió la orden de darle trámite al pedido de retirarle la inmunidad a los magistrados que intentaron poner orden en el nombramiento de magistrados.
Esta será la segunda ocasión en la que el Congreso aprueba dejar sin inmunidad a los magistrados de la máxima corte. La primera vez fue a mediados de año, e incluía a cuatro de los cinco magistrados de la CC, pero todo quedó detenido por amparos que la misma CC tuvo que resolver.
El argumento es que no se les podía imputar por sus resoluciones. El caso parecía atascado, hasta que otra abogada insistió en el tema. El viernes 20, el mismo día en que Giammattei dijo que no vetaría el presupuesto que aprobó el Congreso, dos de los cuatro magistrados de la CC que la alianza oficialista ponía en entredicho quedaron en manos de los diputados.
Así, la alianza oficialista apura el paso antes de la toma de posesión de Joe Biden, en la presidencia de Estados Unidos, de quien esperan una actitud menos complaciente y menor protección que la ofrecida por Donald Trump en materia de corrupción.
Quieren someter a la CC que les resulta incómoda y hacerlo mientras Estados Unidos siga mirando con pasividad, aunque cada vez los mensajes sean más claros.
Así lo ve Carmen Rosa de León, socióloga y directora del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (Iepades).
«Están intentando copar todas las instituciones y espacios, y establecer un mecanismo de represión contra la ciudadanía que les garantice mantener el orden y las estructuras que tienen hasta ahora, antes de la llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos», dice.
Esa aceleración, agrega, «finalmente tenía que reventar porque no se pueden hacer tantas cosas y tan rápido. Han metido al país en una situación complicada, similar a los inicios de la época de Serrano».
De León se refiere a Jorge Serrano Elías, el presidente que en 1993, ante una creciente extorsión de los diputados, que le pedían sobornos a cambio de votos, decidió disolver el Congreso y cambiar a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad.
¿Cabe la comparación? ¿Estamos en esos límites?
De León, dice que si antes los diputados exigían efectivo a cambio de votos, ahora se trata de obras, y en el presupuesto 2021 hay arriba de tres mil millones para infraestructura a través de los Consejos de Desarrollo.
De ahí pueden salir pago de cuotas por beneficiar a constructoras, y a largo plazo asegurar el pago de favores con financiamiento de campañas políticas y en consecuencia, más oportunidades para aumentar las posibilidades de reelección.
Una fórmula ampliamente documentada por la ya extinta Cicig (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala) y la actual Fiscalía Especial contra la Impunidad de Ministerio Público.
«Serrano quiso desconocer al Congreso porque le salía muy caro y finalmente él fue quien provocó la crisis que lo sacó del poder. Yo creo que son los intereses económicos los que se desbordan y eso hace que se sea cada vez más difícil mantener al grupo en el Congreso. Sin embargo, también veo un escenario en donde el mismo Congreso corrupto, cuando no le sirva el mismo Giammattei lo va a echar, porque es ahí en donde está pivotando el control mafioso y cooptador del Estado», concluye De León.
Álvaro Montenegro, integrante de la Alianza por las Reformas, un grupo que reúne a diversas organizaciones sociales, señala que el grupo ha pedido la renuncia de la Junta Directiva del Congreso, pero no solo por la forma en que aprobaron el presupuesto.
«Hay una serie de demandas de corrupción generalizada, de compra de votos y otros cuestionamientos que se convierten en inconformidades que se han ido acumulando», asegura.
Y añade: «hay un reproche generalizado al presidente y al Congreso que son entes desacreditados y al final la Corte Suprema se mete, porque han sido los aliados».
El rebalse, la intolerancia de la que habla Montenegro se evidenció en una manifestación en la que hubo brotes de rabia.
Primero algunos manifestantes incendiaron tablones y un pequeño monumento. Luego una parte del Congreso. Encendida después por la violencia indiscriminada de la policía, la indignación rompió por varias partes en desorden. La ingobernabilidad reina fuera y dentro de la sede del gobierno. Hoy fuego.
El domingo amaneció con más llamados a manifestar y hasta a iniciar un paro general. Hay material inflamable en cada esquina.
Este artículo fue publicado originalmente por publicación guatemalteca Plaza Pública y la mexicana Pie de Página.
